- Fidel Zavala fue sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de estafa agravada.
- El fallo judicial se fundamentó en una supuesta defraudación de 4.025 dólares contra tres víctimas.
- Organizaciones sociales apelarán la medida al considerarla un proceso con trasfondo político y persecutorio.
Qué pasó
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó una pena de 15 años de prisión contra el activista Fidel Zavala, tras hallarlo penalmente responsable del delito de estafa agravada. Según informaron fuentes de los Centros Judiciales de El Salvador, el activista fue condenado por haber afectado el patrimonio de tres personas diferentes en un monto global de 4.025 dólares, mediante el uso de supuestas propuestas de inversión en el mercado de divisas.
La resolución judicial detalla que los episodios investigados ocurrieron en intervalos temporales específicos durante noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021. Zavala, quien se desempeñaba como portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), había sido detenido inicialmente en febrero de 2025, junto a otros líderes de dicha agrupación, en el marco de un proceso que ha generado un fuerte rechazo entre diversas entidades sociales del país.
Por qué importa
La condena cobra especial relevancia por el perfil del imputado, quien ha sido un activo denunciante de casos de tortura en los centros penitenciarios salvadoreños. La organización Unidehc ha sostenido que la sentencia carece de fundamentos jurídicos sólidos y que se trata de una maniobra para silenciar a los defensores de derechos humanos en el país. En este sentido, la defensa anunció que procederá a apelar la resolución una vez que la misma quede formalmente firme.
Este caso se inscribe en un contexto de mayor tensión entre el Estado y el activismo social en El Salvador, donde entidades como Cristosal han alertado sobre lo que describen como una sistemática criminalización de quienes ejercen tareas de defensa y denuncia contra abusos gubernamentales. La falta de acceso a procesos que las organizaciones consideran justos ha generado, además, una creciente preocupación en el ámbito internacional respecto a la situación judicial de otros activistas locales.
Cómo te impacta
Este tipo de noticias no tiene un impacto directo sobre tu economía cotidiana, como sí lo tendría una suba de precios o cambios en los impuestos que pagás. Sin embargo, sirve como referencia para entender cómo funcionan los procesos judiciales en otros países y los riesgos que pueden correr quienes trabajan denunciando irregularidades, lo cual es parte de la información general sobre el contexto político regional que puede influir en la estabilidad y el clima de negocios en la región.
El desarrollo
El historial judicial de Fidel Zavala ya presentaba antecedentes de relevancia pública. En el año 2022, el activista había sido arrestado bajo cargos de estafa similares, aunque recuperó su libertad en marzo de 2023 tras ser declarado inocente por un juzgado. En esta ocasión, la abogada Ivania Cruz, portavoz de la Unidehc desde su exilio en España, denunció que la Fiscalía salvadoreña presionó al detenido para que aceptara un proceso abreviado y se declarara culpable, una oferta que él rechazó rotundamente.
La Fiscalía presionó a Fidel para un proceso abreviado y que se declarara culpable, algo que él no consideró porque sigue luchando por su inocencia.
Ivania Cruz, abogada y portavoz de la Unidehc
A la situación actual de Zavala se suma que el activista enfrenta otros cargos en procesos paralelos, según reportes locales, que incluyen acusaciones por agrupaciones ilícitas, amenazas, ejercicio ilegal de la profesión y usurpación de inmuebles, siendo procesado junto a otras 25 personas. Este entramado de causas es visto por diversas ONG como un patrón de persecución política que, según señalan, se extiende a otros profesionales del sector, como el caso de la abogada Ruth López, procesada por presunto enriquecimiento ilícito.
La condena a 15 años impuesta el pasado martes marca un nuevo hito en el prolongado enfrentamiento entre el Estado y los defensores de derechos humanos en el país centroamericano. Mientras los abogados de Zavala preparan la apelación formal, organizaciones como Cristosal reiteran que estos procedimientos buscan desarticular a los grupos que monitorean el respeto a las garantías fundamentales, subrayando que la vía judicial está siendo utilizada como una herramienta para la criminalización del activismo.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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