- La Corte Suprema resolvió que la investigación por la mansión de Pilar no pasará al juzgado federal de Campana.
- El expediente, que indaga presuntas maniobras de lavado de dinero, retornará a manos del juez Daniel Rafecas en la Ciudad.
- El fallo reafirma las facultades de la Inspección General de Justicia para supervisar a la asociación deportiva.
Qué pasó
La Corte Suprema de Justicia dictó una serie de fallos que definen el rumbo judicial de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En una resolución clave, el máximo tribunal rechazó los planteos que buscaban unificar las investigaciones por presuntas irregularidades financieras y administración fraudulenta en el juzgado federal de Campana. De este modo, el tribunal estableció que el expediente por la adquisición de una mansión en Pilar debe ser investigado por el juez Daniel Rafecas en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta definición se suma a otra determinación fundamental del tribunal, que ratificó las plenas facultades de control de la Inspección General de Justicia (IGJ). Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que la AFA permanece bajo la órbita de fiscalización nacional mientras no se complete formalmente el proceso de cancelación registral en su sede porteña. La medida traba el intento de la entidad de trasladar su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires para eludir la supervisión estatal.
Por qué importa
La resolución es un mensaje institucional sobre la competencia judicial y el respeto a la figura del juez natural en investigaciones complejas. La discusión sobre dónde debían tramitarse estas causas no era menor, ya que buscaba separar delitos conectados en una presunta red de lavado. Según la Justicia, la compra de la mansión en Pilar es una arista de una operatoria financiera más amplia que involucra el desvío de fondos hacia el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Este fallo evita que el caso quede bajo la órbita de un juzgado con supuestos vínculos con la dirigencia deportiva, un escenario que había sido calificado como arbitrario por la fiscalía interviniente. Al mantener la causa en Comodoro Py, la Corte garantiza que se evalúe la existencia de una red internacional de intermediarios financieros. Esta estructura habría operado entre los años 2021 y 2025 para canalizar fondos lícitos fuera de los circuitos bancarios controlados.
Cómo te impacta
Para el ciudadano común, la resolución marca un precedente sobre la transparencia en el manejo de entidades que gestionan fondos de interés público. Si sos socio de un club o consumidor del espectáculo deportivo, este proceso judicial afecta la institucionalidad de la organización madre del fútbol. La normalización del control estatal sobre la AFA busca evitar que los recursos generados por la actividad se desvíen hacia negocios personales, garantizando que el dinero se mantenga dentro del circuito formal y su contabilidad sea auditable.
El desarrollo
La investigación que ahora lidera el juez Rafecas tiene sus raíces en una denuncia impulsada por Elisa Carrió, quien vinculó a la empresa Real Central SRL con la compra de una propiedad valuada en millones de dólares. El inmueble, localizado en Villa Rosa, cuenta con helipuerto y caballerizas, y se encuentra a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Según la acusación, ambos actuarían como testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, dado que no poseen capacidad económica para justificar semejante patrimonio.
El fiscal general ante Casación, Mario Villar, fue una figura clave al oponerse frontalmente al traslado del expediente a Campana. Villar advirtió en sus escritos que la maniobra buscaba desviar el curso de la investigación hacia un juzgado que favorecería los intereses de la defensa. Además, señaló que la causa no se limita únicamente a la propiedad en Pilar, sino que abarca una compleja red financiera montada para ocultar el origen de los recursos de la entidad.
No se investigó exclusivamente la adquisición de un inmueble, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas.
Mario Villar, fiscal general ante Casación
El historial de este expediente es extenso y turbulento, habiendo pasado por más de una decena de jueces desde su apertura en diciembre pasado. La intervención final de la Corte Suprema pone un límite a las disputas de competencia que habían paralizado el avance de las pruebas. Con la confirmación de la jurisdicción porteña y el respaldo a las funciones de la IGJ, el proceso judicial entra ahora en una etapa de mayor celeridad para determinar las responsabilidades penales que correspondan.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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