- La fiscalía solicitó la indagatoria de los propietarios de la droguería Suizo Argentina.
- Se investiga un presunto esquema de cartelización en la compra de medicamentos de alto costo.
- El caso involucra el manejo de fondos estatales por un total de 137.000 millones de pesos.
Qué pasó
La fiscalía federal solicitó formalmente la indagatoria de los hermanos Jonathan y Eduardo Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El requerimiento se produce en el contexto de una investigación que busca desentrañar un esquema de presunta cartelización en el suministro de medicamentos de alto costo hacia el organismo estatal.
La causa, que es instruida por el juez Ariel Lijo, analiza el direccionamiento de compras y la existencia de sobreprecios en el programa Incluir Salud. Según los datos que surgen del expediente, el proveedor que recibió el mayor volumen de fondos estatales durante el período comprendido entre 2024 y agosto de 2026 fue precisamente la droguería Suizo Argentina, concentrando una parte sustancial de las adquisiciones de medicamentos.
Por qué importa
Esta investigación es central para entender cómo se gestionaron los recursos destinados a pacientes con discapacidad durante los últimos dos años. La Justicia sospecha que existió una estructura organizada para beneficiar a determinados proveedores mediante compulsas reducidas, lo que derivó en la adjudicación de productos a precios significativamente más altos que los de mercado, afectando directamente la disponibilidad presupuestaria del organismo.
Cómo te impacta
Este tipo de irregularidades en el gasto público impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos a través de la ineficiencia en el uso de los impuestos. Cuando los fondos estatales se malversan mediante esquemas de sobreprecios en medicamentos esenciales, se reduce la capacidad del Estado para financiar coberturas médicas, tratamientos complejos o prestaciones básicas necesarias para miles de personas que dependen del sistema público de salud.
El desarrollo
El expediente judicial ha acumulado múltiples pruebas que trascienden los audios que fueron objeto de controversia por parte de las defensas. En su momento, los propietarios de Suizo Argentina solicitaron un peritaje tecnológico alegando que dichas grabaciones podrían haber sido creadas mediante inteligencia artificial, buscando así impugnar su validez. Sin embargo, la fiscalía sostiene que existen evidencias sólidas e independientes, tales como documentación de compras y allanamientos realizados.
La investigación alcanzó a otros 18 implicados, incluidos funcionarios y exfuncionarios del área, cuyos procesamientos fueron confirmados recientemente por la Cámara. Las auditorías ordenadas por el Gobierno nacional detectaron diferencias internas significativas entre los registros contables y las compras ejecutadas efectivamente. Se descubrió que mientras algunos productos tenían valores de referencia determinados, su adjudicación final bajo esquemas de compulsas con pocos oferentes resultó en costos desproporcionados para la administración.
El juez Lijo mantiene la causa en pleno movimiento, desestimando los planteos de nulidad presentados por las defensas. El objetivo de la justicia es determinar si existió un acuerdo de partes para cartelizar las contrataciones y canalizar retornos a través de agentes paraestatales. El desenlace de estas indagatorias será clave para definir si las sospechas sobre la maniobra millonaria se traducen en procesamientos firmes y un juicio oral que esclarezca el destino final de los recursos.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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