- El Ejecutivo definirá este jueves las propuestas económicas para privatizar el 90% de las acciones de AySA.
- La compulsa cuenta con dos consorcios finalistas que fueron precalificados tras la evaluación de sus antecedentes técnicos.
- La adjudicación marcará un paso clave en el plan oficial para reducir la presencia del Estado en los servicios públicos.
Qué pasó
El Gobierno nacional confirmó que este jueves 8 de octubre se llevará a cabo la apertura de los sobres económicos de los dos consorcios que compiten por la adquisición del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El acto se realizará a las 10:00 a través de la plataforma virtual CONTRAT.AR, según lo establecido oficialmente por el Ministerio de Economía mediante la resolución 1772 publicada este martes en el Boletín Oficial.
Tras una etapa previa de análisis técnico, la cartera económica determinó que los grupos precalificados para esta instancia final son los consorcios encabezados por Rowing S.A., denominado Rowing-Arcos-Transclor-PHX, y el grupo liderado por Roggio ROAS S.A.U. La apertura de las propuestas económicas permitirá al Estado conocer las ofertas monetarias presentadas por cada interesado, un paso esencial para avanzar hacia la posterior adjudicación definitiva del control accionario de la compañía estatal.
Por qué importa
Esta licitación representa un eje fundamental en el programa de reformas del Poder Ejecutivo, enfocado en la desinversión de activos estatales y la apertura del sector a la participación privada. Al buscar transferir la mayor parte del paquete accionario de AySA, el Gobierno apunta a modificar el esquema operativo de una firma que gestiona un recurso público esencial para millones de usuarios, transformando radicalmente la modalidad de su administración actual.
La falta de un precio base definido para la operación añade una cuota de incertidumbre y expectativa sobre el resultado de la subasta. Al no existir un valor mínimo, la propuesta de cada consorcio será evaluada por su competitividad, lo que convierte a este jueves en una jornada determinante para definir la viabilidad económica del proyecto oficial y el futuro rol del sector privado en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Cómo te impacta
Para los usuarios del servicio, el cambio de manos en la administración de AySA implica una modificación en la gestión de una necesidad básica. Si bien el proceso administrativo de licitación no altera hoy las facturas ni la prestación del servicio, la entrada de operadores privados suele estar vinculada a revisiones tarifarias y esquemas de inversión que, a futuro, incidirán directamente sobre el costo que cada hogar destina mensualmente al pago de los servicios públicos en su presupuesto.
El desarrollo
El camino hacia esta instancia comenzó meses atrás con la conformación de los pliegos de bases y condiciones, los cuales establecieron los requisitos para los oferentes. La Comisión Evaluadora, designada por la cartera de Economía, fue la responsable de auditar los documentos presentados por los grupos interesados. Tras el análisis, se seleccionó a los dos consorcios mencionados, descartando otras propuestas que no cumplían con los criterios establecidos en el pliego licitatorio originalmente confeccionado para esta operación.
El Gobierno subrayó que esta instancia de apertura de ofertas económicas no constituye, por sí misma, el cierre del proceso. Tras conocer las propuestas del jueves, el Ejecutivo deberá realizar una etapa de análisis de las ofertas financieras y, posteriormente, emitir la adjudicación definitiva. Este cronograma busca otorgar transparencia y orden a una transición que es observada de cerca por el mercado, dado el peso estratégico de la empresa en la infraestructura del área metropolitana.
La apuesta por la eficiencia privada es el fundamento esgrimido por las autoridades para avanzar en la privatización. La idea central es que, bajo una gestión privada, la empresa mejore sus indicadores operativos y reduzca el peso de sus gastos sobre el Tesoro Nacional. En este sentido, la jornada del 8 de octubre es vista por la administración central como un test de confianza sobre la capacidad del mercado para absorber empresas públicas con necesidades de inversión crónica.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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