- El Gobierno selló acuerdos con aliados parlamentarios para mantener la vigencia del DNU 70/23 frente a intentos de derogación.
- La estrategia se refuerza tras el fallo de la Corte Suprema que restableció el tope del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos foráneas.
- Esta articulación busca asegurar la estabilidad de la agenda de desregulación económica en el Congreso nacional.
Qué pasó
El Gobierno nacional logró cerrar un entendimiento con bloques parlamentarios aliados para sostener el DNU 70/23, enfrentando así los intentos de la oposición por derogar la norma en el Congreso. La medida llega en un contexto de alta tensión legislativa, donde el oficialismo trabaja para evitar retrocesos en sus reformas estructurales. La concertación busca consolidar un respaldo sólido en la Cámara de Diputados para bloquear cualquier avance opositor que amenace la vigencia del megadecreto.
Este movimiento político coincidió con una resolución reciente del máximo tribunal, que suspendió el artículo del decreto que eliminaba las restricciones sobre la compra de campos. A partir de esta intervención judicial, volvieron a regir los límites legales para la adquisición de tierras rurales por parte de sujetos extranjeros, estableciendo un tope máximo del 15 por ciento de la superficie rural total, tanto a nivel nacional como en los niveles provincial y municipal.
Por qué importa
La capacidad del Ejecutivo para mantener su agenda legislativa es fundamental para la continuidad de su plan económico. Si el DNU 70/23 fuera derogado por el Congreso, se produciría una desestabilización en el marco regulatorio que el Gobierno considera estratégico. Mantener la lealtad de los bloques aliados resulta, en este sentido, una pieza clave para evitar la caída de medidas que, según sostienen en la Casa Rosada, son indispensables para la recuperación del rumbo económico buscado.
Cómo te impacta
Para el ciudadano común, estos movimientos legislativos tienen un impacto indirecto en la estabilidad de las reglas de juego económicas. Si bien la restitución de límites a la venta de tierras no modifica directamente los precios de los alimentos en la góndola mañana, sí influye en las expectativas de mercado y en la seguridad jurídica del país. La incertidumbre política se traslada habitualmente a las variables financieras que terminan afectando la capacidad de ahorro o el consumo de las familias.
El desarrollo
El tablero político comenzó a reconfigurarse tras el fallo de la Corte Suprema. La oposición había intentado reiteradamente desde fines de 2023 derogar el decreto, sin conseguir hasta el momento los números necesarios en el recinto. El oficialismo confía en que, con este nuevo esquema de contención y el blindaje parlamentario pactado, se logrará evitar que el Congreso alcance el quórum necesario para tratar la anulación del DNU que regula diversos aspectos económicos.
Desde la administración central aseguran que el diálogo con los bloques provinciales y aliados es constante. Esta relación resulta determinante para las votaciones ajustadas que se perfilan en el corto plazo. La estrategia no solo se limita a los campos, sino que busca preservar todo el paquete de desregulación que fue impulsado al inicio de la actual gestión, entendiendo que cualquier concesión legislativa podría generar un efecto dominó sobre otras normativas vigentes en la misma estructura legal.
Por el momento, la vigencia del límite a la extranjerización de la tierra se mantendrá tal como fue determinado por el fallo judicial hasta tanto se resuelva el debate de fondo en los estrados correspondientes. El Ejecutivo, mientras tanto, redobla sus esfuerzos para mantener la cohesión de sus aliados y evitar que el legislativo le marque la cancha en lo que consideran el núcleo de su propuesta de gobierno para los próximos meses de gestión.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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