- La Justicia Federal clausuró el expediente iniciado por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.
- El reclamo buscaba frenar el artículo del DNU 70/2023 que derogó las restricciones a la adquisición de tierras rurales.
- El fallo judicial confirma que, por el momento, se mantiene el esquema de desregulación vigente para inversiones en el sector.
Qué pasó
La Justicia Federal dio por finalizado el reclamo judicial que los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot habían iniciado contra la desregulación de la Ley de Tierras Rurales. Este desenlace ocurre luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara un fallo previo que resultó determinante para el avance de la causa en las instancias inferiores, al anular las medidas que mantenían suspendido el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Los legisladores habían buscado activamente, tanto por la vía parlamentaria como judicial, frenar la normativa vigente que eliminó los límites a la compra de campos por parte de extranjeros. Tras la resolución del máximo tribunal sobre el tema, la Justicia Federal procedió a cerrar la presentación de los diputados, quienes pretendían retrotraer las condiciones de propiedad rural al marco legal previo a la reforma dictada por el Poder Ejecutivo nacional a fines de 2023.
Por qué importa
Esta resolución judicial es clave porque consolida el marco legal de apertura económica para el sector agropecuario. Al cerrarse la vía judicial para revertir el artículo del DNU 70/2023, se despeja la incertidumbre que pesaba sobre los propietarios de campos y potenciales inversores del exterior. El fallo ratifica que no existen actualmente trabas legales para la adquisición o transferencia de hectáreas rurales, un punto que había generado intensos debates en el Congreso.
Para el país, la consolidación de este esquema busca dinamizar el mercado de tierras, eliminando las restricciones que, según el Gobierno, limitaban el flujo de capitales en las zonas productivas. La disputa judicial no solo se trataba de una cuestión técnica, sino que reflejaba la tensión política sobre el modelo de soberanía de los recursos naturales y la capacidad de los extranjeros para controlar extensiones significativas del territorio nacional con fines productivos o especulativos.
Cómo te impacta
Si sos productor rural o tenés inversiones en el campo, esta resolución te da mayor previsibilidad sobre el valor de tu propiedad y las condiciones en las que podés venderla. Ya no existen las trabas de la vieja ley que limitaban quién podía comprar tus tierras, lo que potencialmente amplía el abanico de compradores en el mercado. En el caso de los trabajadores rurales o habitantes de pequeñas localidades agropecuarias, el impacto es indirecto, ya que depende de si la desregulación atrae inversiones que generen empleo o mejoras en la infraestructura local.
El desarrollo
El conflicto legal se originó cuando el Poder Ejecutivo, mediante el DNU 70/2023, decidió derogar las restricciones que pesaban sobre la compra de tierras por parte de personas o empresas extranjeras. La Ley de Tierras previa establecía topes sobre la cantidad de hectáreas que podían quedar en manos no residentes, además de exigir una serie de trámites y autorizaciones que, según el oficialismo, desalentaban la inversión extranjera directa en el sector agropecuario del país.
Pichetto y Massot habían presentado medidas cautelares para intentar frenar la vigencia del decreto argumentando que su aplicación generaba un daño irreversible. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia intervino en el proceso judicial tras diversas apelaciones, dictando un fallo que resultó en la anulación de las suspensiones previas. Esa definición de la Corte dejó sin piso jurídico a los reclamos de los diputados y obligó a la Justicia Federal a proceder con el cierre de la causa principal.
Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, la oposición continúa buscando los votos necesarios para avanzar con leyes que busquen limitar nuevamente la compra de campos. La estrategia política de los legisladores busca equilibrar la balanza en un escenario donde el Poder Judicial ya validó, a través del fallo de la Corte, que el esquema actual de desregulación no presenta, por el momento, vicios constitucionales que obliguen a su reversión inmediata por parte de los jueces.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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