- La Corte Suprema estableció que los juicios laborales en trámite deben actualizarse según la Ley 27.802.
- El cálculo se basa en la tasa pasiva del Banco Central con techos y pisos específicos.
- El fallo busca unificar criterios nacionales para dar previsibilidad a las liquidaciones judiciales.
Qué pasó
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los juicios laborales con sentencia aún no firme deben actualizar sus indemnizaciones utilizando el mecanismo previsto en el artículo 55 de la Ley 27.802, conocida como de Modernización Laboral. Esta decisión, formalizada en el expediente Cabana Opanasiuk, Leonardo, dejó sin efecto las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que aplicaban el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual.
Esta doctrina nacional fue replicada días después por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Por mayoría, el tribunal porteño revocó un fallo de la Cámara del Trabajo local en la causa de una trabajadora contra el Banco Hipotecario S.A., ratificando la obligatoriedad de aplicar la fórmula establecida por el Congreso para las causas en trámite al momento de entrar en vigencia la nueva normativa el 6 de marzo de 2026.
Por qué importa
La intervención del máximo tribunal busca poner fin a la disparidad de criterios que existía en las distintas salas judiciales del país. Hasta ahora, muchos tribunales inferiores, incluyendo la Cámara del Trabajo, optaban por aplicar una fórmula propia que, en el contexto de alta inflación, arrojaba montos de actualización significativamente superiores a los resultantes de la tasa pasiva del Banco Central. El fallo marca un límite claro a las facultades judiciales de creación de índices de cálculo.
Cómo te impacta
Si tenés un juicio laboral iniciado antes de marzo de 2026 que todavía no tiene una sentencia definitiva, el monto final que podrías percibir al ganar el pleito ahora se ajustará bajo las nuevas reglas nacionales. Esto significa que la fórmula para calcular tus intereses será la tasa pasiva del Banco Central, con un tope máximo atado a la inflación más un interés del 3% anual. El objetivo es que el valor de tu crédito se mantenga, pero bajo parámetros de cálculo uniformes para todos los casos en trámite.
El desarrollo
El debate central giró en torno a la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802. Mientras que la mayoría de los jueces porteños, encabezados por Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, sostuvieron que el esquema transitorio legislativo no vulnera derechos de propiedad ni igualdad, hubo voces disidentes. Los magistrados Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz argumentaron en contra, señalando que la aplicación de la tasa pasiva podría generar resultados inferiores a otros acreedores civiles y afectar el principio protectorio del trabajador.
Para ilustrar la diferencia, en el marco de la discusión jurídica se advirtió que en períodos previos de alta inflación, mientras una tasa de referencia bancaria podía arrojar intereses moderados, otros métodos de cálculo como la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) generaban cifras exponencialmente más elevadas. La Corte Suprema evitó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de prohibir indexar, centrándose exclusivamente en que el Poder Judicial debe ceñirse a las circunstancias legales vigentes al momento de dictar sentencia, incluyendo la reforma laboral vigente.
La resolución de la Corte es obligatoria para todos los fueros del país. Expertos como el abogado laboralista Roberto Levin indicaron que aquellos jueces que decidan apartarse de este criterio al fallar en juicios similares podrían enfrentar denuncias por mal desempeño. Con esta medida, el sistema judicial intenta reducir la incertidumbre legal para las empresas que deben prever pasivos por juicios, al mismo tiempo que establece una metodología técnica predefinida que los magistrados están obligados a seguir de oficio.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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