- El Senado aprobó por 71 votos a favor una ley que reemplaza la emergencia por un marco legal estable.
- Las pensiones equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio y se ajustan de manera automática.
- La norma garantiza la cobertura de Incluir Salud y establece un esquema de pagos para deudas con prestadores.
Qué pasó
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La sanción se logró por unanimidad, con 71 votos positivos y ninguna oposición. Esta normativa reemplaza el esquema de emergencia que vencía el 31 de diciembre y establece un régimen estable, diseñado para garantizar prestaciones de salud y pensiones no contributivas sin necesidad de prórrogas anuales.
La votación fue el resultado de semanas de negociaciones políticas tanto dentro del oficialismo como con los bloques opositores y aliados. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsó el dictamen sin introducir modificaciones al texto que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. De esta forma, el Congreso evitó que el proyecto volviera a la cámara de origen y lograra quedar firme antes del cierre del periodo ordinario.
Por qué importa
La sanción es fundamental porque brinda previsibilidad financiera a los beneficiarios y a los prestadores de salud, quienes hasta ahora dependían de la continuidad de una emergencia que era rechazada por el Ejecutivo. La ley establece que las partidas presupuestarias destinadas a discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del año anterior, lo que protege el poder de compra de las pensiones y el mantenimiento de los servicios especializados ante contextos de alta inflación.
Además, la norma introduce mecanismos de control como auditorías periódicas y el cruce de datos entre organismos estatales para asegurar la transparencia del sistema. Para los prestadores, el cambio central es la implementación de un nomenclador universal que se ajusta automáticamente por inflación. Esto busca terminar con la incertidumbre sobre los pagos y la desactualización de los aranceles que enfrentaban terapeutas, transportistas y centros de rehabilitación frente a la subida de los costos operativos.
Cómo te impacta
Si sos beneficiario, el cambio principal es que tu pensión no contributiva se mantiene atada al 70% de la jubilación mínima y seguirá los aumentos de la movilidad previsional. Además, la ley permite que sigas trabajando en un empleo formal o con monotributo sin perder tu beneficio, siempre que tus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles, un tope que te da mayor margen para insertarte en el mercado laboral sin miedo a perder la cobertura de Incluir Salud.
El desarrollo
La tensión sobre este proyecto fue constante durante el último año. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, había intentado aplicar recortes en el área bajo la premisa del equilibrio fiscal, pero el alto respaldo parlamentario complicó cualquier intento de veto. El oficialismo finalmente aceptó sancionar la ley sin cambios para evitar el costo político de enfrentar un consenso tan amplio, que incluía a la oposición y a los sectores aliados de la UCR y el PRO.
En la sesión, el senador Agustín Monteverde defendió el texto asegurando que no implicaba recortes presupuestarios, sino una mejor gestión de los recursos. La normativa incluye también un artículo específico para la cancelación de las compensaciones adeudadas a los prestadores, fijando un plazo máximo de 90 días para que el Estado regularice los pagos pendientes. Este punto era uno de los principales focos de conflicto que mantenía en vilo al sector de salud y transporte para personas con discapacidad.
Estamos saliendo de una emergencia y estamos planteando certeza para generar transparencia y previsibilidad.
Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado
Un aspecto relevante que incorpora el texto es el sistema de auditoría integral. Mediante la coordinación entre ANSES, ARCA, SINTyS y el RENAPER, el Estado buscará unificar el control de las pensiones. Esta medida, aunque bienvenida por el Ejecutivo, viene acompañada de garantías para los beneficiarios: se establece que, ante cualquier sospecha de irregularidad, el afectado recibirá una notificación fehaciente y contará con un plazo determinado para realizar su descargo antes de sufrir la suspensión del beneficio de manera preventiva.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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