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Sábado, 21 de noviembre

Educación

La Corte Suprema ordenó al Estado publicar los resultados de las pruebas Aprender por cada escuela

El máximo tribunal falló a favor de un padre que inició una demanda hace años para conocer el desempeño académico de las instituciones. La medida sienta un precedente clave sobre el derecho de acceso a la información pública en el ámbito educativo nacional.

Horacio Rosatti
ArchivoHoracio Rosatti, en una imagen de archivo. Foto: Senado de la Nación Argentina · Public domain · Wikimedia Commons
En corto
  • La Corte Suprema falló a favor de un padre y ordenó al Estado entregar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar desagregados por escuela.
  • El pedido original abarca los informes de los operativos realizados en Salta durante 2016 y 2017.
  • Esta decisión permite que las familias accedan a información precisa sobre el desempeño de las instituciones educativas para tomar decisiones informadas.

Qué pasó

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia que obliga al Estado a hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar de forma desagregada por establecimiento educativo. La resolución, fechada el 19 de noviembre de 2026, pone fin a una disputa judicial iniciada por Rafael Argañaraz Olivera, un ciudadano que reclamaba estos datos correspondientes a las escuelas de Salta que participaron en los operativos realizados en 2016 y 2017.

El origen de este litigio se remonta a 2017, cuando Argañaraz Olivera buscaba una institución para su hija y solicitó al Ministerio de Educación de la Nación reportes detallados para comparar la calidad educativa. Ante la negativa oficial bajo el argumento de confidencialidad y secreto estadístico, el ciudadano promovió una acción de amparo. Tras años de idas y vueltas judiciales, el máximo tribunal respaldó el acceso a esta información.

Por qué importa

La relevancia de este fallo radica en el fortalecimiento del derecho a la información pública sobre el funcionamiento del sistema educativo. El tribunal sostuvo que los datos sobre las evaluaciones escolares no son propiedad del Estado, sino de los ciudadanos, y que su difusión resulta esencial para garantizar el control democrático de las políticas públicas y el ejercicio de una participación ciudadana informada en la vida escolar.

El Gobierno nacional había manifestado su oposición alegando que publicar resultados detallados podría derivar en clasificaciones, estigmatización o comparaciones injustas entre escuelas con realidades sociales dispares. Sin embargo, los magistrados consideraron que el objetivo de alcanzar una igualdad real de oportunidades prevalece sobre estos temores, siempre que se resguarden adecuadamente los datos personales de alumnos y docentes para proteger su intimidad.

Cómo te impacta

A partir de este fallo, las familias tendrán una herramienta concreta para conocer el rendimiento académico de los colegios. Si tenés hijos en edad escolar, esta información te permitirá contar con elementos objetivos para evaluar la oferta educativa de una institución, compararla con otras alternativas y exigir mejoras en caso de detectar falencias en la calidad de la enseñanza de las materias evaluadas por el sistema nacional.

El desarrollo

La causa FSA 517/2019/CS1 fue resuelta por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, acompañados por los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier. En contraposición, el vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en minoría por rechazar el pedido del demandante. Este debate jurídico destacó el principio de máxima divulgación, que dicta que las restricciones al acceso de información deben ser estrictamente excepcionales y proporcionadas al interés público en juego.

La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

El fallo también subrayó que los resultados de las pruebas Aprender son instrumentos para el control social de las políticas educativas. Según los jueces, estos datos permiten identificar dificultades específicas y examinar de qué manera las autoridades gestionan los recursos para optimizar la enseñanza. De esta manera, el acceso a los reportes escolares se transforma en una herramienta de monitoreo ciudadano sobre cómo el Estado ejecuta sus mandatos constitucionales y legales en la educación.

Tras la sentencia, Rafael Argañaraz Olivera celebró el giro copernicano que implica la medida para las familias argentinas. El salteño, asesorado por el abogado constitucionalista Roque Rueda, destacó que esta victoria judicial no solo beneficia su situación personal, sino que redefine la relación entre la ciudadanía y las autoridades. La decisión abre el camino para que los padres dejen de ser sujetos pasivos y se conviertan en controladores de la calidad educativa.

NEV

Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial

Cubrimos economía, negocios y política con foco en la decisión concreta que tiene que tomar una empresa esta semana.