- La Corte Suprema invalidó dos artículos del DNU 70/2023 que desregulaban los precios de las prepagas.
- La Superintendencia de Servicios de Salud recupera la potestad de autorizar cada suba de cuota.
- El fallo obliga a las empresas a justificar sus aumentos basándose en costos y cálculos actuariales.
Qué pasó
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia que modifica el esquema de actualización de precios para la medicina prepaga. El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, los cuales habían eliminado el control estatal sobre los valores de los planes de salud. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Este pronunciamiento surge a raíz de un amparo presentado por una afiliada que cuestionó un incremento del 110% aplicado a su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Al invalidar las normas que permitían la libertad absoluta de precios, el tribunal dispuso que la Superintendencia de Servicios de Salud retome sus facultades para fiscalizar, revisar y autorizar cada uno de los aumentos tarifarios que soliciten las empresas prestadoras.
Por qué importa
El fallo es relevante porque marca la primera declaración de inconstitucionalidad de este tribunal sobre el DNU 70/2023 y establece un límite al poder ejecutivo para legislar mediante decretos sin justificar razones de emergencia real. A partir de ahora, las prepagas ya no pueden fijar aumentos de manera unilateral. Para incrementar sus valores, las compañías deberán presentar fundamentos basados en su estructura de costos y cálculos actuariales de riesgo frente al organismo de control.
Es fundamental destacar que, aunque la decisión devuelve el control al Estado, la Corte revocó la parte de la sentencia previa que ordenaba limitar los aumentos al índice de inflación. Esto significa que no hay un tope automático ligado al IPC, sino que el Estado vuelve a tener el rol de regulador para asegurar que los incrementos sean razonables, dejando atrás el esquema de mercado totalmente desregulado que estuvo vigente en el último año.
Cómo te impacta
Si sos afiliado a una prepaga, la medida te brinda mayor previsibilidad sobre el costo de tu cobertura, ya que las cuotas deberán pasar por un filtro de autorización pública antes de aplicarse. Sin embargo, esto no garantiza devoluciones automáticas de dinero por subas ya pagadas. Si sentís que fuiste afectado, el fallo abre un antecedente judicial que permite iniciar reclamos individuales, los cuales deberán resolverse en función de las pruebas y particularidades de cada caso.
El desarrollo
La Corte Suprema fue clara en sus fundamentos: no alcanza con invocar una emergencia genérica para desplazar las facultades del Congreso y eliminar controles estatales. El tribunal recordó que, según la Constitución, solo se permiten los decretos de necesidad y urgencia bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. En este contexto, los jueces consideraron que el Ejecutivo no justificó por qué era necesario quitar la supervisión de las cuotas mediante esta vía legal, ignorando el trámite legislativo ordinario.
El expediente que originó esta sentencia comenzó cuando una usuaria notó que su factura de medicina privada saltó de 136.161,21 pesos en diciembre de 2023 a 301.218,02 pesos en febrero de 2024. En aquel momento, la afiliada argumentó que, de mantenerse el sistema regulado previo, el incremento no debería haber superado el 6,26%. Aunque la Justicia de primera instancia rechazó el planteo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata le dio la razón, decisión que fue confirmada parcialmente por la Corte.
A futuro, las empresas deberán adecuar su conducta a las normativas de la ley 26.682, que recupera su plena vigencia. Esto implica que la Superintendencia de Servicios de Salud actuará como un auditor necesario de los aumentos. La autoridad de aplicación tendrá la obligación de evaluar que los ajustes tarifarios respondan a una realidad técnica y no a una decisión comercial arbitraria, garantizando así la razonabilidad del gasto para los usuarios del sistema de salud privado.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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