La Corte Suprema suspendió la parte del DNU 70 que eliminaba límites a la compra de campos por extranjeros

Qué pasó

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó este viernes una medida cautelar que suspende la aplicación del artículo del DNU 70/2023 que había derogado la Ley de Tierras. Con esta resolución, vuelven a estar vigentes las restricciones para la adquisición de predios rurales por parte de ciudadanos extranjeros. El máximo tribunal dio respuesta así a un pedido impulsado por diversos actores sociales y políticos que cuestionaban la desregulación vigente desde finales del año pasado.

El expediente judicial había sido iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lof Fcta Anecon y Lafkenche, junto a la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Para alcanzar una definición sobre este tema, el tribunal debió convocar a conjueces, dado que los miembros de la Corte no lograban una postura unánime para resolver el caso. Tras el análisis, se determinó la vigencia de la Ley 26.737, la cual fija topes para la extranjerización de los recursos naturales.

Por qué importa

Esta resolución marca un freno relevante a la agenda de desregulación económica que propone el Poder Ejecutivo. Al restablecerse los controles, las empresas y los inversores internacionales que buscan operar en el sector agropecuario argentino deben nuevamente ajustarse a las limitaciones de superficie y localización que fija la normativa anterior. Esto altera el escenario de inversiones en el campo, obligando a recalibrar los planes de compra de terrenos que se habían dinamizado tras el DNU.

El contexto político también es central, dado que el Gobierno enfrenta una fuerte presión en el Congreso por el DNU 70/2023. La decisión de la Corte añade una capa de complejidad al debate parlamentario previsto para los próximos días. La medida cautelar no implica una resolución de fondo sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, pero impone una limitación legal inmediata que obliga a los actores privados a retomar los trámites de control estatal sobre el patrimonio rural.

Cómo te impacta

Para una persona que trabaja en el sector agropecuario o reside en zonas rurales, el cambio principal es el retorno de los controles sobre quién puede comprar campos en su zona. Esto incide en la dinámica de precios y en la posibilidad de acceso a la propiedad, ya que la presencia de grandes capitales extranjeros vuelve a quedar supeditada a las auditorías del Estado sobre el porcentaje de tierra que ya está en manos foráneas en cada distrito.

El desarrollo

El recorrido judicial previo a este fallo fue intenso. Durante los últimos meses, diferentes fueros federales habían emitido resoluciones contradictorias respecto a la validez de los cambios introducidos por el Gobierno. Mientras algunos tribunales locales habían intentado frenar la desregulación, otros fallos permitieron que la compra de tierras se mantuviera liberada. La Corte Suprema tomó finalmente las riendas del conflicto para zanjar la incertidumbre jurídica que rodeaba a las transacciones de grandes extensiones de territorio en el interior del país.

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda, una de las impulsoras del reclamo, enfatizó la importancia de proteger el mapa nacional frente a la extranjerización. En declaraciones recientes, la dirigente sostuvo que es vital sostener el reclamo social y presionar para que el Congreso rechace por completo el megaDNU en su próxima sesión, pautada para el 15 de octubre. Según este sector, la venta sin límites podría reconfigurar la estructura de la propiedad agraria en las provincias productoras.

Desde el Gobierno, la lectura sobre la cautelar es seguida con cautela. La Casa Rosada ha intentado defender la apertura de mercados como una herramienta para atraer dólares y reactivar la economía, un plan que ahora encuentra una valla infranqueable en la Corte Suprema. Los analistas del sector estiman que, más allá del fallo, el clima de negocios continuará siendo objeto de disputas judiciales hasta que exista una definición definitiva sobre la validez del paquete de reformas presentado por el Poder Ejecutivo.