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Lunes, 16 de noviembre

Registros automotores

Destituyen a la encargada de dos registros en Lomas de Zamora por una deuda de $117 millones con el Estado

El Ministerio de Justicia aplicó la sanción tras confirmar que la titular no transfirió los remanentes de recaudación obligatorios durante meses. El perjuicio fiscal fue actualizado por la SIGEN y el Gobierno ya ordenó acciones para recuperar los fondos públicos.

Interior de una oficina de atención registral con computadoras y documentos en los mostradores.
Control administrativoEl Ministerio de Justicia reforzó la supervisión sobre los remanentes de recaudación que las oficinas registrales deben transferir al Estado. Foto: Banfield · CC BY-SA 2.5 ar · Wikimedia Commons
En corto
  • El Ministerio de Justicia removió a la encargada de dos registros automotores de Lomas de Zamora.
  • Se detectó una deuda acumulada de $117.246.510,53 tras el impago de remanentes entre julio de 2024 y febrero de 2025.
  • El Gobierno inició acciones administrativas y judiciales para recuperar el dinero, además de una causa penal por presunta defraudación.

Qué pasó

El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó este lunes la remoción de Marta Elena Castañón, quien se desempeñaba como titular de dos oficinas clave en Lomas de Zamora: el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 5 y el Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 551/2026, firmada el pasado 12 de noviembre.

La medida se fundamenta en un sumario administrativo que determinó que la funcionaria no transfirió al Estado los remanentes de la recaudación por trámites durante ocho meses, específicamente entre julio de 2024 y mediados de febrero de 2025. Según el expediente oficial, la obligatoriedad de depositar estos fondos dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes fue ignorada sistemáticamente por la responsable de ambas seccionales.

Por qué importa

Este caso pone de relieve el endurecimiento de los controles sobre la recaudación de los organismos públicos que operan bajo concesión estatal. El Gobierno ha sostenido que las dificultades operativas o el desfinanciamiento de una oficina particular no justifican, bajo ningún concepto, la retención de fondos que pertenecen al Estado desde el momento de su percepción. El criterio es firme: los costos operativos son un riesgo inherente a la gestión de cada titular.

La resolución destaca que, sobre un universo de aproximadamente 1.400 registros automotores en todo el país, solo 14 presentaban irregularidades de este tipo, y 10 de ellos ya se encuentran bajo sumario. Esta aclaración busca desestimar el argumento de la exencargada, quien alegaba una situación de crisis generalizada en el sector para justificar su incumplimiento, separando así los casos de gestión privada del esquema de los registros intervenidos directamente por el Estado.

Cómo te impacta

Para vos, que realizás trámites vehiculares periódicamente, esta medida significa una mayor supervisión sobre el destino del dinero que abonás en concepto de aranceles. Si bien el proceso de transferencia de fondos ocurre a nivel administrativo entre el Registro y la Administración Central, la transparencia en el manejo de estos recursos asegura que las tasas pagadas cumplan su función contributiva y evita que se produzcan desequilibrios financieros en la gestión registral que puedan derivar en demoras o fallas en la atención al público.

El desarrollo

Durante el sumario administrativo, Castañón presentó su descargo rechazando cualquier intención de desviar o apropiarse de los fondos. Argumentó que su oficina atravesaba una grave situación de desfinanciamiento y reclamó que sus peticiones de pagos escalonados no fueron escuchadas por las autoridades pertinentes. Sostuvo que las condiciones económicas para otros registros eran más favorables debido a beneficios impositivos o mejores estructuras de gastos, lo que a su juicio configuraba un escenario de trato desigual.

Sin embargo, la instrucción oficial fue tajante al rechazar estos argumentos. Basándose en dictámenes jurídicos, el Ministerio aclaró que los ingresos se dividen estrictamente entre los emolumentos para el funcionamiento de la oficina y los remanentes obligatorios. La falta de rentabilidad del registro no habilita a usar el dinero público, un punto central que la defensa no logró controvertir efectivamente, limitándose únicamente a explicaciones que la cartera consideró exculpatorias e insuficientes para revertir la sanción de remoción.

  • Impulso de gestiones judiciales y administrativas para la recuperación efectiva de los fondos adeudados.
  • Notificación formal a la SIGEN y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre los hechos detectados.
  • Mantenimiento de la investigación en la causa penal abierta bajo la carátula NN s/ Defraudación en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

La exfuncionaria aún conserva vías legales para impugnar la sanción. Según lo dispuesto en el Boletín Oficial, tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración o 30 días hábiles para interponer un recurso jerárquico. Mientras tanto, la resolución marca un precedente en la política de control del sector, enmarcada en el plan nacional de digitalización y reorganización integral que el Ministerio de Justicia viene implementando en todo el territorio nacional.

NEV

Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial

Cubrimos economía, negocios y política con foco en la decisión concreta que tiene que tomar una empresa esta semana.