El Gobierno adjudicó la venta de AySA por 340,2 millones de dólares y prepara el traspaso

Qué pasó

El Gobierno nacional formalizó la adjudicación del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio integrado por las empresas Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA. La decisión, instrumentada a través de la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, estableció que el 13 de noviembre será la fecha para la firma del contrato de compraventa definitiva que traspasará la gestión de la empresa estatal al sector privado.

La operación se definió tras la apertura de ofertas económicas realizada el pasado 8 de octubre mediante la plataforma oficial CONTRAT.AR. La oferta del consorcio ganador resultó seleccionada al superar a la propuesta presentada por el grupo liderado por Roggio Roas SA, que había ofertado 285 millones de dólares. Según la normativa vigente, el 10% restante de la compañía continuará bajo el control de los trabajadores a través del esquema de Programa de Propiedad Participada.

Por qué importa

La transferencia de AySA representa una señal clave en la política de desinversión del Estado nacional. Para el Ejecutivo, esta operación funciona como un pilar en su programa financiero, aunque el valor obtenido se ubicó por debajo de las expectativas iniciales de la administración, que proyectaba un piso superior a los 500 millones de dólares. Este desajuste en las expectativas ha sido parte de las críticas recibidas durante el proceso administrativo.

Más allá del impacto financiero inmediato, el cambio de manos en la prestación de un servicio esencial genera pedidos de control político. Recientemente, un legislador de la oposición solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) una revisión integral del proceso de privatización. El objetivo es despejar dudas sobre posibles conflictos de interés y verificar que la licitación se haya desarrollado con total transparencia antes de la firma definitiva del próximo 13 de noviembre.

Cómo te impacta

Si sos usuario del servicio, es importante que sepas que el traspaso de la empresa ocurre en paralelo a una propuesta de cambios en las tarifas. La compañía presentó ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) una solicitud para actualizar los coeficientes zonales utilizados para el cálculo de tu factura. Si esta modificación se aprueba, la mayoría de los hogares podría enfrentar incrementos en el costo del servicio, mientras que un grupo menor de usuarios recibiría reducciones.

El desarrollo

El proceso de licitación pública nacional e internacional N° 504/2-0003-LPU26 fue diseñado con el objetivo de seleccionar un operador estratégico que se haga cargo de la gestión integral del saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El nuevo operador asumirá, además de la titularidad del 90% de las acciones, obligaciones contractuales estrictas. Estas incluyen un ambicioso plan de inversiones destinado a expandir la cobertura de agua potable y cloacas hacia el año 2031, bajo estándares mínimos establecidos en los pliegos.

Desde el Gobierno, la resolución 1818/2026 rectificó un error material identificado previamente en el modelo del contrato de compraventa, buscando blindar el documento final frente a futuros reclamos legales. El cronograma oficial estipula que el consorcio liderado por Rowing SA tome el control operativo entre enero de 2027 y el inicio de la nueva concesión. Este traspaso se concretará independientemente de las auditorías solicitadas, siempre que se cumpla con el pago y la suscripción prevista para noviembre.

A pesar de la formalización, el proceso ha sido señalado por diversas fuentes por la presencia de cuestionamientos técnicos y dudas sobre el alcance de las ofertas presentadas. La magnitud de las inversiones exigidas, que superan los 2.000 millones de dólares, busca revertir lo que el oficialismo calificó como una disfunción administrativa histórica en la gestión del servicio público. La atención ahora se centra en la capacidad operativa del consorcio adjudicatario para cumplir con los plazos de mejora exigidos.