- La Cámara Federal excluyó a Victoria Tolosa Paz y Ricardo Quintela de la causa que investiga al Ministerio de Economía.
- El expediente analiza el uso de 1,5 billones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles entre 2023 y 2026.
- La medida frena la capacidad de los denunciantes para solicitar nuevas pruebas y seguir de cerca la investigación judicial.
Qué pasó
La Cámara Federal porteña tomó la decisión de apartar a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de su rol como querellantes en la causa que investiga el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (Sisvial). Ambos habían sido admitidos originalmente para impulsar el expediente, pero la reciente resolución judicial revierte esa situación y limita su capacidad de acción dentro de la investigación en curso.
El caso se centra en la administración de los recursos del fideicomiso vial creado por el Decreto 976/01, que se financia principalmente a través del impuesto a los combustibles. La denuncia original apuntaba contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios de su cartera, además de autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina, por el presunto desvío de estos fondos hacia finalidades ajenas a la infraestructura vial.
Por qué importa
Esta decisión judicial resulta clave porque altera el ritmo y el control de un expediente con fuerte componente político. Al quedar fuera como querellantes, Tolosa Paz y Quintela pierden la facultad de aportar nuevas pruebas, solicitar pericias o requerir testimonios adicionales, lo cual deja la conducción del impulso procesal únicamente en manos de la Fiscalía Federal N° 4, que interviene en el caso junto a las autoridades judiciales correspondientes en Comodoro Py.
Cómo te impacta
Para cualquier ciudadano, este conflicto trasciende el terreno judicial porque involucra el impuesto que cada vez que cargás combustible termina pagando. Cuando los fondos que deberían asegurar el mantenimiento, la señalización y la construcción de las rutas nacionales se mantienen inmovilizados en plazos fijos o se destinan a otros fines financieros, la consecuencia directa es el deterioro de la red vial que utilizás para trasladarte o por donde circulan los productos que llegan a tu mesa.
El desarrollo
La controversia se originó tras una presentación judicial que denunció una supuesta malversación de fondos públicos. Según la documentación aportada al expediente, al 31 de mayo de 2026, el Sisvial mantenía más de un billón de pesos en inversiones financieras, específicamente en títulos públicos y plazos fijos. A este monto se sumaban otros 37.761 millones que permanecían estáticos en una cuenta corriente, sin ser volcados a la ejecución de obras necesarias en rutas de Buenos Aires y La Rioja.
El gobernador Ricardo Quintela había fundamentado su querella en la paralización total de obras en las rutas riojanas, un reclamo que se sumaba a las denuncias por el abandono en tramos críticos de las rutas nacionales 3 y 5 en Buenos Aires. A pesar de que el tribunal inicialmente les permitió participar activamente para esclarecer el destino de los recursos, la Cámara Federal optó ahora por modificar esa instancia, restringiendo la participación de los denunciantes políticos en la investigación técnica.
La investigación sigue su curso bajo la supervisión de la Fiscalía, la cual deberá evaluar si los hechos denunciados configuran delitos de malversación de caudales. Mientras tanto, la atención se mantiene sobre las auditorías que puedan realizar organismos como la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, quienes tienen el rol de determinar la legalidad del manejo financiero que el equipo económico realizó sobre el fideicomiso vial durante los últimos dos años y medio.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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