- Una mujer de 37 años recibirá 12 millones de pesos tras caerse de su moto por un pozo sin señalizar.
- La Justicia determinó que el municipio incumplió con la obligación de mantener las calles en condiciones seguras.
- El fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad estatal ante los daños causados por el mal estado de la infraestructura urbana.
Qué pasó
Una mujer de 37 años recibirá una indemnización cercana a los 12 millones de pesos, luego de que la Justicia bonaerense fallara a su favor en una demanda contra el municipio local. El incidente ocurrió el 30 de abril de 2022, cuando la damnificada circulaba a bordo de su motocicleta y perdió la estabilidad al impactar contra un pozo de grandes dimensiones que no contaba con señalización preventiva alguna.
La víctima sufrió una fractura y diversas lesiones a raíz del impacto, lo que motivó el inicio de un proceso judicial contra la comuna. Durante la etapa de pruebas, la municipalidad intentó deslindar responsabilidades argumentando que las imágenes aportadas no permitían precisar el lugar del hecho y solicitó que se rechazara la demanda. Sin embargo, un perito oficial concluyó que los daños presentados por el rodado y el cuerpo eran compatibles con la caída en un relieve central de la calzada.
Por qué importa
Este fallo refuerza un criterio judicial clave sobre la responsabilidad civil del Estado frente a la falta de mantenimiento de la infraestructura urbana. El tribunal consideró que el municipio tenía el deber indelegable de conservar las calles en condiciones aptas para el tránsito y de advertir a los conductores sobre los peligros existentes en la vía pública mediante vallas, balizas o carteles, elementos que estaban ausentes al momento del accidente.
La decisión del magistrado destaca que las lesiones no deben analizarse únicamente bajo una óptica laboral, sino que deben contemplar la integridad física de las personas de forma integral. Al confirmar que la desidia pública tiene un costo directo para el bolsillo de los contribuyentes, este precedente judicial marca un límite claro para las comunas sobre la omisión en las tareas de conservación de calles y avenidas destinadas a la circulación ciudadana.
Cómo te impacta
Si sufrís un accidente en la vía pública debido a un pozo o una vereda en mal estado, tenés derecho a iniciar un reclamo por daños y perjuicios contra el municipio. Es fundamental que, ante cualquier siniestro de este tipo, recolectes pruebas inmediatas: tomá fotografías del desperfecto, buscá testigos presenciales y realizá la denuncia correspondiente en el hospital más cercano, ya que los informes médicos son la prueba documental clave para cuantificar tu indemnización ante un juez.
El desarrollo
La indemnización fijada por el juzgado alcanza los 5 millones de pesos exclusivamente por el rubro de incapacidad física derivada de la fractura. El resto del monto total, que llega casi a los 12 millones de pesos, se completa con el cálculo de los intereses acumulados desde la fecha del accidente, aplicando una tasa del 6% anual desde abril de 2022 hasta el momento en que se dictó la sentencia definitiva, según lo estipulado por el magistrado a cargo del expediente.
El análisis judicial enfatizó la omisión estatal como eje de la responsabilidad. Al no acreditarse la presencia de medidas de seguridad ni advertencias para los conductores, se configuró un incumplimiento claro del deber de cuidado. Esta lógica es similar a la aplicada por tribunales en otros casos recientes en la provincia de Buenos Aires, donde se ha condenado a comunas por no señalizar correctamente rampas para personas con movilidad reducida o por la existencia de grietas peligrosas en el asfalto.
- Fotografiar el lugar del incidente y el desperfecto que causó la caída.
- Solicitar datos de contacto a testigos presentes en la zona del accidente.
- Obtener certificados médicos detallados que vinculen la lesión con el suceso.
- Conservar comprobantes de gastos médicos y farmacéuticos realizados.
La jurisprudencia bonaerense ha venido sosteniendo que las calles públicas son de uso común y que los municipios, en su rol de titulares, tienen una responsabilidad objetiva sobre la seguridad de las mismas. Este fallo se suma a una serie de decisiones en las que la Justicia ordena compensar los daños físicos, psicológicos y morales, evitando que el costo de la desidia sea absorbido únicamente por el ciudadano afectado, reconociendo así el impacto real que tienen los siniestros sobre la vida cotidiana.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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