El Gobierno avanza con la privatización de AySA y un consorcio privado se queda con el 90% de la compañía

Qué pasó

El Gobierno nacional formalizó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tras aprobar la segunda etapa del proceso licitatorio mediante la Resolución 1818. La compañía, encargada de la distribución de agua potable y la gestión de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pasará a manos de un consorcio integrado por las firmas Rowing S.A., la brasileña Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR BV y la argentina Transclor.

La adjudicación del 90% del capital accionario se definió tras la apertura de sobres realizada el 8 de octubre, donde la propuesta de 340,2 millones de dólares se impuso sobre los 285 millones ofrecidos por el grupo Roggio ROAS. El 10% restante de la empresa permanecerá bajo control de los trabajadores, quienes mantienen su participación a través del Programa de Propiedad Participada vigente para la firma desde hace años.

Por qué importa

Este cambio de titularidad marca un giro en la gestión de la infraestructura pública al retornar a un modelo de operación privada. El nuevo contrato de concesión se extenderá por 30 años e incluye obligaciones de inversión significativas para revertir lo que el Gobierno definió como un periodo de deficiencias administrativas. La capacidad de los nuevos dueños para mejorar la eficiencia del servicio será determinante para el futuro del agua corriente en la región.

Cómo te impacta

El impacto directo para los usuarios residenciales y comerciales se sentirá a través de las inversiones obligatorias que el consorcio deberá realizar entre 2027 y 2031. El plan de acción contempla desembolsos por 2,89 billones de pesos, calculados a valores de diciembre de 2025, destinados a mejorar y expandir el sistema de cloacas y agua potable, lo cual debería traducirse en un servicio más estable y con menor cantidad de cortes para los vecinos.

El desarrollo

El grupo ganador, que cuenta con la participación del empresario Mauricio Filiberti, conocido en el sector como el Rey del Cloro, asumirá la operación integral tras un proceso que comenzó con la Resolución 1722/2026. Aunque el Ministerio de Economía estimaba recaudar originalmente alrededor de 500 millones de dólares, las dos ofertas presentadas se ubicaron por debajo de ese número, lo que obligó a evaluar la propuesta más elevada que cumpliera con los requisitos técnicos.

Además del pago por la adquisición de las acciones estatales, el contrato de concesión establece un compromiso de inversión total que supera los 2.000 millones de dólares. Este monto debe aplicarse durante los primeros cinco años de la concesión para modernizar la infraestructura obsoleta. El Gobierno sostiene que este cambio garantiza los principios de competencia y transparencia, permitiendo que el sector privado asuma el riesgo operativo y los costos de expansión del sistema.

La reestatización de 2006 queda atrás con este nuevo esquema, que busca integrar capitales privados para reducir la carga sobre el presupuesto público. La Comisión de Evaluación técnica ya había analizado las condiciones de cada consorcio para asegurar la capacidad de gestión frente a los retos operativos de AySA. Con este hito, el Ejecutivo busca consolidar su agenda de reformas estructurales en las principales empresas estatales de servicios públicos durante el periodo 2026.