El Gobierno apeló el fallo que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Qué pasó

El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, concedió en las últimas horas la apelación presentada por el Gobierno nacional contra la resolución que exigía la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Con esta decisión, el magistrado habilitó el traslado del expediente hacia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se revisará la intimación que pesaba sobre el Poder Ejecutivo.

La controversia judicial se originó a partir de una intimación dictada por Cormick, quien había otorgado un plazo de cinco días al Ejecutivo para cumplir de manera total con la medida cautelar vigente. El magistrado había advertido que, de no concretarse el ajuste en el financiamiento, se aplicarían multas diarias por cada día de mora, una sanción que ahora queda supeditada a la resolución que dicte la instancia superior en los próximos días.

Por qué importa

La definición de la Cámara es clave para determinar el margen de acción presupuestaria que tendrá el Gobierno en relación con las universidades nacionales. La Ley 27.795, cuya implementación está bajo disputa, establece lineamientos precisos sobre la recomposición salarial para docentes y no docentes, además de la actualización de los programas de becas estudiantiles, puntos que se encuentran en el centro de las exigencias del sector universitario ante la inflación.

El conflicto no solo es jurídico, sino también político y social. Mientras el Ejecutivo sostiene que ya ha dado cumplimiento a la cautelar original —cuestión que fue rechazada por el juzgado de primera instancia—, la comunidad universitaria mantiene un plan de lucha. La resolución de la Cámara será determinante para calmar o profundizar las tensiones actuales, que incluyen paros rotativos y una Marcha Federal Universitaria ya confirmada para mediados de octubre.

Cómo te impacta

Para vos, este escenario impacta directamente en la estabilidad del funcionamiento académico de las universidades públicas donde estudian o trabajan miles de personas. Si sos estudiante, la resolución de este litigio define la continuidad de las becas y la calidad del servicio educativo; si sos docente o no docente, el foco está en la recomposición de tu salario. El conflicto judicial dilata la resolución de los fondos que afectan directamente los servicios y el poder adquisitivo.

El desarrollo

El origen de este litigio se remonta a diciembre de 2025, momento en el cual el juez Cormick dictó la cautelar original, la cual ya se encuentra firme. Dicha medida ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La disputa actual, no obstante, se centra en la ejecución de esos artículos, ya que el magistrado consideró que no existía un cumplimiento pleno por parte de la administración nacional, lo que derivó en la reciente intimación.

Desde el Gobierno, los funcionarios que siguen el expediente han manifestado que el Poder Ejecutivo ya ha acreditado ante la Justicia el cumplimiento de las medidas exigidas. Esta posición técnica es la que fundamenta el recurso presentado ante la Cámara, donde buscarán que se revoque la decisión de Cormick. La apelación, sin embargo, no suspende de forma automática las obligaciones vigentes, por lo que el tribunal superior deberá resolver si procede la suspensión de los efectos mientras dure el análisis.

Mientras el expediente se traslada a una instancia superior, el sector universitario intensificó su respuesta. Los gremios y las autoridades académicas ya han programado medidas de fuerza y convocaron a una movilización nacional para el 15 de octubre. La falta de un acuerdo sobre los fondos y los salarios mantiene al sector en una situación de incertidumbre operativa que impacta de lleno en el desarrollo del ciclo lectivo actual para miles de personas en todo el país.