- El Gobierno oficializó que el debate en comisión será el próximo martes 17 de noviembre.
- La sesión en el recinto de la Cámara de Diputados se planificó para el miércoles 25 de noviembre.
- La aprobación del presupuesto es una pieza central para la previsibilidad fiscal del año electoral 2027.
Qué pasó
El oficialismo de La Libertad Avanza reordenó la agenda parlamentaria tras mantener reuniones con los bloques aliados en la Cámara de Diputados. Según confirmaron fuentes del Gobierno, se oficializó que el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el legislador Alberto Benegas Lynch, tendrá lugar el próximo martes 17 de noviembre, fecha en la que se buscará obtener el dictamen necesario para avanzar con el proyecto.
Una vez obtenido el despacho en comisión, la intención del bloque libertario es llevar la denominada "ley de leyes" al recinto para su votación definitiva el miércoles 25 de noviembre. Esta hoja de ruta llega tras semanas de dilaciones provocadas por la agenda internacional, los viajes de legisladores al exterior y la participación en actividades vinculadas a la reciente visita del papa León XIV al país.
Por qué importa
La sanción del presupuesto es fundamental para establecer la hoja de ruta económica de 2027, un año marcado por el calendario electoral. Contar con una previsión clara de gastos e ingresos permite que el Estado opere con orden fiscal, lo que reduce la incertidumbre en los mercados y en la planificación de políticas públicas para los meses venideros, evitando la discrecionalidad en el uso de los fondos estatales.
Además, la negociación ha obligado al Ejecutivo a realizar concesiones significativas frente a los bloques aliados para asegurar los votos necesarios. Entre los puntos de mayor tensión se encuentran los reclamos por partidas para universidades, el financiamiento para prestaciones de discapacidad y pedidos de obras públicas realizados por los gobernadores, elementos que terminan de definir la estructura final que tendrá la ley al momento de su votación.
Cómo te impacta
El resultado de este debate determinará, de forma directa, la disponibilidad de recursos para servicios esenciales. Si se garantizan los fondos para discapacidad y el funcionamiento de las universidades nacionales, se asegura la continuidad de prestaciones que impactan en la atención de salud, en las pensiones y en la educación pública, evitando recortes que afectarían el bolsillo de miles de familias y estudiantes en todo el país durante el año próximo.
El desarrollo
Las negociaciones incluyeron pedidos concretos del PRO, como la prórroga de las leyes de autopartismo hasta 2032, que contemplan beneficios impositivos, amortización acelerada en Ganancias y devolución rápida de IVA. Estas medidas fueron aceptadas por el oficialismo para facilitar el acompañamiento de la bancada macrista, junto con otros temas como la regularización de transferencias de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y ajustes en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Por su parte, el Gobierno también admitió la necesidad de incorporar precisiones sobre cómo se financiará el sistema de discapacidad. Aunque la Casa Rosada busca cerrar este frente, existen dudas sobre la distribución de las partidas y la coordinación con la nueva legislación que el Congreso debate en paralelo. El Ejecutivo sostiene que las prestaciones estarán garantizadas, un punto clave para calmar las inquietudes de los bloques dialoguistas que condicionan su apoyo a estas definiciones.
En cuanto al financiamiento universitario, persisten las conversaciones sobre el monto necesario para salarios y funcionamiento, ante la brecha entre la propuesta oficial y los reclamos del Consejo Interuniversitario Nacional. La estrategia del Gobierno apunta a combinar transferencias con beneficios en el pago de contribuciones patronales para las instituciones. La meta final es que, tras la votación en Diputados el 25 de noviembre, el proyecto pueda ser tratado en el Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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