La Justicia condenó a un constructor a pagar más de 90 millones por fallas graves en una vivienda

Qué pasó

Un juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes resolvió condenar a una desarrolladora inmobiliaria al pago de una suma superior a los 90 millones de pesos tras comprobar fallas estructurales graves en una casa particular. La causa se inició luego de que el propietario detectara una serie de patologías edilicias que comprometían tanto la seguridad como el uso cotidiano de su vivienda recién adquirida.

Las pericias técnicas presentadas durante el proceso judicial confirmaron que la construcción presentaba grietas, deformaciones evidentes y constantes filtraciones. Según los informes, estos desperfectos fueron el resultado directo de una ejecución deficiente o errores en el proyecto original, descartando que los problemas derivaran del mantenimiento posterior o del uso inadecuado por parte del comprador, quien incluso había intentado una mediación previa sin éxito en 2021.

Por qué importa

La relevancia de este fallo judicial radica en la protección del consumidor ante los denominados vicios ocultos en la construcción. Al confirmar una indemnización integral que no solo contempla los gastos necesarios para las refacciones estructurales, sino que también incluye un resarcimiento por daño punitivo, la Justicia envía una señal clara hacia las empresas constructoras sobre las consecuencias de no cumplir con los estándares técnicos mínimos de seguridad.

Cómo te impacta

Si detectás grietas inusuales, filtraciones constantes o problemas de estabilidad que aparecieron poco después de la entrega de una vivienda nueva, tenés el derecho de reclamar una reparación integral. Este fallo confirma que el Poder Judicial reconoce la responsabilidad de quienes construyen, permitiendo recuperar el dinero necesario para las reparaciones y acceder a una indemnización por las complicaciones que estos vicios generan en tu vida cotidiana.

El desarrollo

La jueza interviniente analizó el vínculo contractual y el estado del inmueble tras recibir los informes periciales. La sentencia determinó que, para que la propiedad pueda ser habitable y segura, es necesario realizar refacciones profundas en la estructura. Aunque la magistrada decidió no hacer lugar a los pedidos por supuestas pérdidas de valor locativo o de reventa por falta de pruebas concretas, sí avaló la compensación por la depreciación permanente que conservará la casa.

De los más de 90 millones de pesos, 50 millones fueron destinados estrictamente a los costos de las tareas de albañilería y refuerzos estructurales necesarios. La suma restante, cercana a los 40 millones, corresponde al daño punitivo, una figura legal que sanciona a los proveedores por incumplimientos graves. Estos antecedentes se suman a otros casos judiciales recientes donde la Justicia argentina ha intervenido ante colapsos, fallas de planos o riesgos de derrumbes.

Es fundamental recordar que la documentación técnica es clave en cualquier reclamo de esta naturaleza. Los fallos similares en otras jurisdicciones, como los casos registrados recientemente en La Plata, Tres Arroyos o Tortuguitas, coinciden en la importancia de demostrar que los vicios constructivos son anteriores a la ocupación y que, en situaciones extremas, la Justicia no duda en ordenar indemnizaciones proporcionales para cubrir la reconstrucción total o la reparación de los vicios constructivos detectados.