La Justicia ratificó la responsabilidad solidaria de un municipio y una empresa por el mal estado de una vereda

Qué pasó

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín resolvió que tanto una municipalidad como la empresa concesionaria de servicios públicos tienen responsabilidad directa en un caso de lesiones ocurrido en la vía pública. La decisión judicial revoca criterios anteriores y establece que ambos actores deben responder por la falta de mantenimiento en el área donde una vecina sufrió una caída que le provocó daños físicos de gravedad.

El origen de la causa se remonta a un incidente en el cual la damnificada tropezó debido a la infraestructura dañada, específicamente una tapa de inspección que se encontraba en condiciones deficientes. Tras años de disputa legal, el fallo determinó que el deber de conservar las veredas y los elementos de servicios que se encuentran sobre ellas es compartido, obligando a los responsables a pagar una indemnización económica por los perjuicios ocasionados a la mujer.

Por qué importa

Este pronunciamiento judicial es clave porque delimita quién debe hacerse cargo cuando el espacio público presenta riesgos para los ciudadanos. A menudo, las municipalidades y las empresas de servicios se transfieren la responsabilidad sobre quién es el dueño de la vereda o de las tapas de inspección, dejando a los vecinos en un limbo legal durante los procesos de reclamo tras un accidente ocurrido en las calles.

Cómo te impacta

Si sufrís un accidente en la calle por el mal estado de la vereda o una tapa faltante, este fallo te da herramientas para reclamar contra ambos actores. No necesitás saber quién es el dueño exacto del tramo dañado para iniciar tu reclamo, ya que la Justicia ahora considera que la responsabilidad es solidaria: tanto el municipio como la empresa de servicios deben responder por tu seguridad. Guardar pruebas como fotos y testimonios es fundamental para que el proceso sea más sólido.

El desarrollo

La historia de estos litigios muestra una evolución en cómo los magistrados analizan la responsabilidad del Estado. En fallos previos, algunos juzgados de primera instancia habían intentado deslindar al municipio bajo la premisa de que el elemento dañado, como una boca de tormenta o una red cloacal, pertenecía únicamente a la órbita de la concesionaria. Sin embargo, las cámaras superiores están revirtiendo esta mirada al entender que el municipio siempre mantiene un deber de control y seguridad pública.

Para que un reclamo de este tipo prospere, los jueces exigen acreditar fehacientemente el nexo causal entre la caída y la lesión. En casos anteriores, demandas han sido rechazadas cuando la parte afectada no pudo demostrar que el desperfecto en la acera fue la causa directa del daño o cuando las contradicciones en el relato de los hechos hicieron perder credibilidad ante el tribunal. La prueba del incidente, por tanto, es el eje central de cualquier éxito judicial en esta materia.

El costo de estas sentencias no es menor para las arcas municipales y las empresas. Las indemnizaciones incluyen rubros por incapacidad física, daño moral, gastos médicos y de farmacia, y hasta el lucro cesante si la lesión impidió que la persona pudiera trabajar. Los valores, actualizados por el paso de los años que suelen durar estos procesos, se han vuelto significativos, lo que obliga tanto a la gestión pública como a las concesionarias a reforzar sus tareas de inspección constante.