- El consorcio de Walter Román y Mauricio Filiberti resultó ganador en la licitación para privatizar AySA.
- La oferta ganadora fue de 340,2 millones de dólares, superando ampliamente a la propuesta competidora.
- El cambio de gestión podría derivar en modificaciones en los planes de inversión y las tarifas futuras.
Qué pasó
El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) alcanzó un punto decisivo esta semana tras la apertura de los sobres económicos en el marco de la licitación oficial. El consorcio liderado por el grupo Rowing, encabezado por el empresario Walter Román, junto a la firma Transclor, de Mauricio Filiberti, se alzó como el ganador para tomar el control mayoritario de la empresa estatal.
La oferta presentada por el grupo alcanzó los 340,2 millones de dólares, una cifra que superó por casi un 20% a los 285 millones ofrecidos por el otro competidor, Roggio. Al tratarse de una diferencia superior al 5% estipulado en los pliegos, no fue necesario abrir una ronda de mejora de ofertas, consolidando así el camino hacia la adjudicación definitiva de la compañía.
Por qué importa
Este cambio de manos marca el retorno de la gestión privada para el servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La transición hacia un operador privado implica que, a partir de la firma del contrato y el inicio de la concesión por 30 años, el nuevo concesionario definirá los lineamientos operativos y los futuros planes de expansión de la red de servicios básicos en la región.
El impacto central para el ecosistema económico radica en la reconfiguración de la empresa y su eficiencia operativa. La entrada de inversores privados, que incluyen a una compañía brasileña como operadora técnica según informaron fuentes sectoriales, suele traer aparejada una revisión de los costos operativos y de las estructuras tarifarias necesarias para sostener las inversiones comprometidas en el pliego de privatización que fue incluido inicialmente dentro de la Ley Bases.
Cómo te impacta
Para vos, que sos usuario del servicio, el mayor interrogante pasa por la factura mensual de agua y cloacas. Aunque la gestión cambia de manos, cualquier ajuste futuro en las tarifas dependerá de los cuadros tarifarios que se definan tras la firma del contrato y la aprobación de las autoridades de aplicación, quienes deberán supervisar la calidad del servicio frente a los nuevos compromisos de inversión privada.
El desarrollo
El camino hacia la privatización de AySA tuvo varias etapas previas antes de llegar a la apertura de sobres de este jueves. El proceso, enmarcado dentro de las iniciativas de desregulación y cambios en la administración pública, requirió que los oferentes cumplieran con estrictos requisitos técnicos y legales antes de habilitar la competencia económica. Con el resultado ya oficializado, el trámite entra ahora en su fase final.
Esta etapa final de adjudicación comprende varios pasos burocráticos necesarios para formalizar el traspaso. Entre ellos se encuentran la vista del expediente por parte de los interesados, un período estipulado para la presentación de impugnaciones, el dictamen de preadjudicación y la resolución formal que dará paso a la firma definitiva del contrato. Una vez concluido esto, el consorcio podrá iniciar formalmente su operación al frente de la empresa pública.
El consorcio ganador cuenta con un perfil definido para esta tarea. El grupo Rowing, de Walter Román, se alió para esta licitación con Transclor, la firma de Mauricio Filiberti, conocido en el sector como el Rey del Cloro por su papel en el suministro de insumos críticos para la potabilización de agua. La combinación de estos actores busca garantizar la experiencia técnica y comercial necesaria para gestionar una infraestructura crítica de esta magnitud.
El servicio alcanza hoy a 14 millones de personas en el AMBA, lo que posiciona a esta licitación como una de las más relevantes del año para la economía cotidiana. La gestión privada deberá enfrentar el desafío de mantener la operatividad y realizar las inversiones necesarias para extender las redes, en un contexto donde el Estado busca desprenderse de empresas públicas para reducir su déficit fiscal mediante estas operaciones de venta accionaria.
Redacción Negocios en Vivo · Equipo editorial
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