La Justicia otorgó al Gobierno cinco días para cumplir con la ley de Financiamiento Universitario

Qué pasó

El juez federal Diego Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, dictaminó este sábado una nueva intimación contra el Poder Ejecutivo nacional. La resolución ordena al Estado cumplir de manera efectiva con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, otorgándole un plazo perentorio de cinco días para ejecutar las transferencias y actualizaciones pendientes de pago.

La medida se enmarca en una causa colectiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/25. El magistrado consideró que los informes presentados por el Gobierno para justificar el avance de los pagos son insuficientes. Según el fallo, no existe evidencia clara en los expedientes de erogaciones que certifique que los aumentos otorgados al personal docente y no docente hayan alcanzado los niveles de ajuste requeridos por la normativa vigente.

Por qué importa

Este conflicto abre un nuevo frente de tensión política y económica sobre la ejecución presupuestaria del sector educativo. La Justicia sostiene que los acuerdos paritarios alcanzados previamente por el Ejecutivo, como el de junio que incluyó un incremento del 21,3%, son insuficientes frente a la realidad inflacionaria. Esta resolución obliga a recalibrar los fondos destinados a las casas de estudio, impactando directamente en la sostenibilidad del sistema de educación superior público nacional.

Cómo te impacta

Si sos estudiante, docente o no docente de una universidad pública, este fallo busca asegurar que el financiamiento y los sueldos no pierdan tanto frente a la suba de precios. La falta de actualización completa de estos recursos afecta la calidad de los programas de becas y el mantenimiento edilicio, elementos vitales para garantizar el acceso y la continuidad de quienes estudian o trabajan en el sistema universitario nacional en un contexto de alta inflación.

El desarrollo

La disputa legal tiene como telón de fondo la ley 27.795, cuya implementación ha generado reiteradas fricciones entre los rectores de las universidades públicas y el Gobierno nacional. El Ejecutivo, por su parte, ha solicitado que se deje sin efecto cualquier tipo de aplicación de multas, mientras los equipos jurídicos preparan nuevos planteos judiciales. A pesar de los intentos de negociación previos, la falta de consenso sobre el cálculo de los salarios mantiene la cautelar bajo seguimiento judicial constante.

El juez Cormick calificó la postura oficial como un cumplimiento parcial al contrastar las actas paritarias con el índice de inflación verificado. La normativa exige que el ajuste considere variables específicas de actualización, las cuales el magistrado entiende que no fueron respetadas. Mientras el Gobierno busca mecanismos para defender su posición, la comunidad universitaria ya se organiza para mantener el reclamo en las calles, con una nueva marcha federal programada para el próximo 15 de octubre.

Es importante recordar que el acuerdo firmado meses atrás no se agotaba en la cuestión salarial, sino que integraba también fondos destinados a los hospitales universitarios que no estaban previstos en el presupuesto 2026. La resolución actual refuerza la necesidad de que el flujo de dinero sea constante y proporcional al costo de vida. La situación permanece abierta y su resolución final dependerá de la capacidad de cumplimiento del Estado en el nuevo plazo judicial otorgado.