La Corte Suprema ordenó aplicar la nueva reforma laboral en los juicios laborales en trámite sin sentencia firme

Qué pasó

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que establece cómo deben actualizarse los montos indemnizatorios en los juicios laborales que aún se encuentran en trámite. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que se debe aplicar la normativa de la reforma laboral, sancionada y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, a todas aquellas causas que todavía no cuentan con una sentencia definitiva firme.

Esta resolución deja sin efecto el criterio que utilizaba la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hasta el momento ordenaba ajustar los créditos mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, sumado a un interés del 3% anual. El tribunal basó su decisión en su propia jurisprudencia, al señalar que las sentencias deben considerar las normas vigentes al momento en que son dictadas, aunque el proceso judicial haya iniciado con anterioridad.

Por qué importa

El impacto de este fallo es directo para los miles de trabajadores y empresas que mantienen litigios abiertos en el sistema judicial. La unificación de criterios busca dar certidumbre sobre cómo se calcula el valor final de las deudas laborales, eliminando las diferencias que existían entre distintos tribunales inferiores. Sin embargo, la aplicación de esta nueva modalidad de actualización modifica los montos que finalmente recibirán quienes reclaman por despido o indemnizaciones laborales pendientes de resolución definitiva.

Cómo te impacta

Si sos trabajador y tenés un juicio laboral en curso, el monto final que podrías percibir al finalizar el proceso se verá afectado por este nuevo cálculo. Ya no se utilizará el IPC con el interés previo, sino el mecanismo dispuesto por la reciente reforma. Es importante que consultes con tu abogado sobre cómo esta modificación específica altera la proyección de tu indemnización, ya que el cambio impacta sobre cualquier expediente que todavía no tenga sentencia firme y definitiva en los tribunales del país.

El desarrollo

El debate sobre la aplicación de la Ley 27.802 no se limitó únicamente a la Corte Suprema. En otras jurisdicciones, como Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia también analizó el alcance del artículo 55 de la norma. En esa provincia, los jueces determinaron que la nueva tasa de interés debía aplicarse únicamente a partir del 6 de marzo de 2026, sin carácter retroactivo sobre los tramos anteriores de los litigios, marcando una interpretación diferenciada sobre el alcance temporal de la reforma laboral vigente.

Por otro lado, la aplicación de la reforma generó otras controversias legales en el ámbito judicial, especialmente en lo relativo al pago en cuotas de las indemnizaciones. Según especialistas, existe incertidumbre respecto a si el mecanismo de fraccionamiento es constitucional o si requiere, en todo caso, el consentimiento expreso del trabajador. Mientras que algunos jueces declararon inconstitucional la medida, otros exigen pruebas de justificación económica por parte de las empresas para permitir que las deudas se abonen de manera segmentada.

El fallo actual de la Corte Suprema refuerza su línea de limitar el activismo judicial en la modificación de sentencias y criterios de cálculo. En precedentes anteriores, el máximo tribunal ya había anulado decisiones de cámaras que alteraban el monto de indemnizaciones de oficio, argumentando que se vulneraban garantías procesales fundamentales de las partes involucradas. La resolución actual marca un paso más hacia la consolidación de un esquema único bajo los parámetros establecidos por la reforma, impactando en una gran cantidad de causas abiertas.